Crónicas Políticas
Por: Luis Ignacio Palacios.
Faltan menos de dos años, para que se cumpla el plazo que otorga la reforma constitucional de junio de 2008, y de esta manera, entre en operación total el nuevo sistema de justicia penal en todo el país; podemos definir esta etapa como la que se ha caracterizado por la rapidez de los cambios; y tanto las instancias de procurar como de administrar justicia, y sobre todo la sociedad Juan Pueblo, no han racionalizado de manera adecuada esta impronta reformista.
Y ante las prisas que nos presenta este escenario, hemos considerado desde este espacio que se corren muchos riesgos, sobre todo a la luz de los resultados que nos revelan que algunas implementaciones han sido deficientes; tenemos ya la certeza de que el proceso es irreversible y que lo más importante es atender los puntos críticos de esta reforma, para que se garantice que este cambio de 180° se cimiente en la sociedad de manera adecuada.
En su discurso del día lunes, el magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez hizo un sentido llamado a jueces, secretarios y magistrados del tribunal superior de justicia, conminándolos a trabajar más, con los mismos recursos de siempre; los exhortó para que se asuman los grandes retos de la judicatura con un profundo sentido de responsabilidad social; el derecho judicial, tiene como objetivos superiores la estabilidad social y el bien común, un alto sentido teleológico del constituyente permanente.
El togado, al señalar que hace unas cuantas semanas se implementó el sistema de justicia penal oral, y dijo que sus operadores, jueces de control y jueces de enjuiciamiento están preparados, listos para asumir la práctica del sistema adversarial.
Estamos en la fase crítica de darle vida al nuevo sistema, pese a los buenos deseos del magistrado presidente, para cambiar la procuración e impartición de la justicia penal, es imperioso comenzar por el subsistema de seguridad, para que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones, fiscalías y jueces de primera instancia.
Y sobre todo darle énfasis a la primera etapa del NSJP que son las actuaciones previas ante los MP y en las formas que recién se inicia lo que será el grueso de atención de los conflictos derivados de delitos, los mecanismos alternos para la solución de las contradicciones entre imputado y su víctima; es la confluencia de los poderes, el ejecutivo con su fiscalía y defensoría de oficio, y el judicial con la constante de mejorar de manera perfectible sus prácticas bajo la doctrina del garantismo.
Cuyos cimientos son, la presunción de inocencia y el debido proceso; solo así podremos construír el nuevo edificio que impone la reforma constitucional; y, de pasadita, socializarlo de buena manera en sus destinatarios finales, los ciudadanos que reclaman justicia pronta, expedita y proba.
¿Será mucho pedirle al Estado..?
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Hemos de ver más cambios, del cómo se fusionan algunas dependencias; y tal como se ha inducido por el mismo Sandoval, habremos de recibir el próximo 15 de enero a Rafael Vargas Pasaye, como nuevo titular de prensa y relaciones públicas; un hombre talentoso y experto en marketing; casado con una nayarita que funge como coordinadora de medios de la secretaría general y de administración y finanzas. Será bien recibido.
Los sectores privados, las organizaciones empresariales y en general la gente que trabaja, no desea que los funcionarios sean su competencia.
El día de ayer, luego de haber desahogado los puntos del orden del día, subieron a la tribuna la legisladora de la fracción del PT Fidela Pereyra Zamora, con su atuendo huichol policromo, con su sintaxis singular y el tono de la gente que habla desde el fondo de su corazón, hizo una sentida petición, para mi gusto, demasiado formal la manufactura de su documento, pidió, mayor apoyos institucionales para el centro de estudios que tienen, la escuela preparatoria intercultural “muxatena” ubicada en Presidio de los Reyes, municipio de Ruiz.
Al referirse a los puntos de la propuesta, la diputada Sofía Bautista mencionó que al modificar el ordenamiento legal, se darán nuevas atribuciones al Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte en materia de prevención de la violencia en el deporte, al establecer obligaciones a los asistentes en temas de prevención y erradicación de la violencia deportiva.