Por: Ulises Rodríguez.
En México, nadie le cree al expresidente Felipe Calderón cuando afirma que desconocía las actividades ilícitas de quien fuera su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna. Entre 2006 y 2012, fueron miles de litros de tinta los que se gastaron denunciando las actividades sospechosas del poderoso exfuncionario. Muchas de ellas citando fechas, lugares, describiendo situaciones, aportando nombres. Trabajos como el de Anabel Hernández y Olga Wornat -por citar tan solo a dos autoras de periodismo de investigación-, dieron elementos suficientes al menos para que el expresidente decidiera cesarlo de sus responsabilidades e impulsar una investigación exhaustiva sobre dichas acusaciones. Cualquier gerente de un negocio, si las acusaciones contra uno de sus empleados son reiteradas, por más que confíe en él, trataría de indagar si dicho colaborador es digno de su confianza o no ¿cuánto más no está obligado a hacer un presidente o un gobernador? Calderón no lo hizo. Hoy no puede decir que desconocía la conducta de quien fue uno de sus funcionarios más cercanos porque o es responsable por complicidad o lo es por omisión y ambas, tratándose del titular del Poder Ejecutivo, son sumamente delicadas.
El mismo supuesto aplica para el desconocimiento que dijo tener en su momento el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda sobre las conductas de Edgar Veytia, su poderoso fiscal general, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con la delincuencia organizada. Resulta irrisorio el argumento de que él desconocía las extorsiones, los secuestros, las torturas y todos los delitos que se cometieron desde la Fiscalía General del Estado y que tuvieron como ejecutores a elementos policiales al mando de Edgar Veytia. Nadie le cree a Sandoval, pero no es tan hombre como para admitir su responsabilidad en ese tramo tan obscuro de la historia de Nayarit. Igual que López Portillo jamás admitió estar enterado de los latrocinios y excesos del negro Durazo, Sandoval, hasta la fecha, niega estar enterado de lo que hacía su compadre.
En fechas más recientes, considero que lo mismo puede decirse del desconocimiento que dicen tener en el gobierno del estado y en la Fiscalía General sobre el actuar del magistrado Rodrigo Benítez, hoy escondido en algún lugar del país, aunque en funciones todavía de integrante del Poder Judicial y, por tanto, en posibilidades aún de firmar resoluciones y, desde luego, de cobrar su salario. Las acusaciones contra Benítez son complejas. Personalmente, no estoy tan seguro de la carpeta que se le sigue por un delito de abuso sexual, pero no tengo en cambio, la menor duda de su participación en la destrucción de pruebas que podrían haber ayudado a la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Igual que sucedió con García Luna, fueron considerables los reportajes que sustentaban el sospechoso actuar de Rodrigo Benítez y eso no impidió que encabezara la terna enviada por el gobernador Navarro Quintero al H. Congreso del Estado para elegir magistrado en septiembre del 2023. En su libro, “Las Rastreadoras”, la periodista Tania del Río describe cómo en los estados donde existe un pacto entre los gobiernos locales y los diferentes grupos del crimen organizado, existe también una maquinaria que trabaja para mantener bajo control las cifras y reportes en materia de seguridad. Lo anterior, pactando la desaparición de cuerpos en las ejecuciones y la posterior desaparición de pruebas en las investigaciones abiertas para atender dichos casos. Nayarit no es exclusivo en ese tema, pero lo que ocurre en nuestro estado es muy similar a lo que pasa en entidades como Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Sinaloa y Michoacán, por citar apenas algunos ejemplos.
En 2022, Karina Cancino lo documentó perfectamente en un reportaje que se publicó en Aristegui Noticias y que le valió el premio estatal de periodismo. En septiembre del 2023, el gobernador Navarro les dio la instrucción a los integrantes de la XXXIII Legislatura de que votaran por la designación de Benítez como magistrado del Poder Judicial.
Sobre quienes votaron a favor este nombramiento -varios de ellos reelectos- recae la responsabilidad de haber promovido a un personaje tan cuestionado y darle la responsabilidad de convertirse en juzgador. También recae sobre la actual XXXIV Legislatura, presidida por el diputado Salvador Castañeda Rangel, el estar retardando convenientemente el proceso de desafuero contra el exfiscal, se piensa que para darle tiempo a que huya del país o bien, a que prepare bien su defensa. La Fiscalía General de la República espera el juicio de procedencia, sin embargo, parece existir una indicación desde palacio de gobierno de retardar todo lo posible dicho trámite ¿la razón? La complicidad. Benítez Pérez no actuó solo. En muchos de los casos cuestionables de su actuar, siguió indicaciones superiores ¿cuántas carpetas de investigación no abrió por consigna política o por el interés de adueñarse de alguna propiedad o extorsionar a algún empresario? Seguramente en el gobierno de Nayarit no quieren esa información ventilada en los archivos de la Fiscalía General de la República.
Un ejemplo del doble racero de la justicia en nuestro estado: hoy en la Fiscalía están detenidos quienes forman parte de las autoridades auxiliares de Camichín de Jauja, como responsables de las muertes ocurridas durante una pelea de gallos clandestina en ese ejido. Los responsables materiales, los organizadores del evento y quienes tienen el control de esa clase de actividades gozan de plena libertad esta noche. Con personas modestas, la justicia es pronta y expedita. Con los poderosos que formaron parte del sistema, la justicia nayarita suele ser tardía y complaciente. Ninguna sorpresa.
Si el magistrado Benítez Pérez es finalmente sentenciado por los delitos de los que se le acusan, seguramente veremos al gobernador Navarro Quintero lavarse las manos igual que lo hizo Roberto Sandoval y Felipe Calderón. Poncio Pilatos es un niño de pecho cuando se le compara con políticos como los antes mencionados.
