¡OPACIDAD O TRANSPARENCIA, ESA ES LA CUESTIÓN!
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es un organismo público autónomo, encargado precisamente de eso, de garantizarnos a los ciudadanos el acceso a toda la información pública que nos permita conocer cuánto gasta el gobierno, en qué lo gasta y cómo lo gasta. De lo que se trata pues, es de darle “transparencia” al ejercicio de gobierno y de esa manera, erradicar en la medida de lo posible, la corrupción en México.
Esta semana que acaba de transcurrir, el INAI fue noticia, debido a que el presidente ejerció su derecho de veto y rechazó la propuesta que le hiciera el Senado de dos nuevos consejeros, quienes habrían de integrarse a ese organismo, en el marco del proceso de renovación que actualmente enfrenta dicho Instituto autónomo, al cuestionar sus vínculos políticos, uno con el PAN y el otro con Morena.
Esta situación mete en aprietos al Senado, pues tiene escasos 9 días hábiles para hacer una nueva propuesta antes de que termine el mes, toda vez que el próximo 1 de abril concluye la gestión de su actual presidente y la Ley establece que deberá estar integrado por siete miembros, y que para declarar válidas sus sesiones, se deberá contar con la presencia de cuando menos cinco de sus integrantes, incluido su presidente.
Pero quizás esto es precisamente lo que el presidente quiere, que no haya un organismo autónomo que garantice la transparencia del gobierno, pues en los hechos ha quedado demostrado que no le gusta rendir cuentas, que no le gusta que se le cuestione nada y quisiera que nada más porque sí, los ciudadanos confiemos ciegamente en su “honestidad”. Esa ha sido siempre su respuesta ante cualquier señalamiento de corrupción en contra de alguno de sus colaboradores o familiares.
Y es que basta recordar cómo se puso cuando se hizo público el estilo de vida y el asunto de “la casa gris” en Houston de su hijo José Ramón, o por ejemplo, el hecho de que los mexicanos nos enteremos que la cancelación del aeropuerto en Texcoco nos costó más de 300 mil millones de pesos, cuando originalmente se nos había dicho que no rebasaría los 100 mil millones de pesos, o que el AIFA nos costó más de 84 mil millones de pesos, sin considerar los elevados costos para mantener su operación, convirtiéndose así en uno de los caprichos más absurdos y costosos del presidente.
Tampoco ha querido rendir cuentas claras de obras como el tren maya, la refinería de dos bocas o el tren transísmico, entre muchas otras, y que generan enormes dudas que anticipan presuntos actos de corrupción que difícilmente se van a poder ocultar al final de este sexenio.
Incluso como ya ha trascendido, tan solo en el fraude a SEGALMEX, se estima un desvío de recursos por el orden de los 15 mil millones de pesos, el doble que la llamada “estafa maestra” de Peña Nieto. Ni qué decir de la denuncia que hizo Latinus de la atención médica privilegiada que recibió su hijo José Ramón cuando le dio Covid, a quien le recetaron el Remdesivir, medicamento aprobado en el mundo y criminalmente prohibido para su venta en México por la Secretaría de Salud.
Lo más lamentable en este último caso, así como en la obra pública del actual gobierno y en muchos otros temas, es el involucramiento del Ejército Mexicano, lo que sin duda lo hace cómplice de todo, pues como consta en sus propios archivos y tarjetas informativas reveladas por el colectivo Guacamaya, siempre han estado enterados de todo y de todo informan a su comandante supremo, el presidente. ¡Al tiempo!
P.D.: Desde este espacio deseo expresar mi solidaridad con la presidenta de la Suprema Corte Norma Piña, luego del agravio sufrido durante la concentración del pasado sábado en el zócalo de la CDMX, en donde quemaron una figura con su imagen. Lamentable.
#OjoClínicoPoloDomínguez
