Otorgan amparo a Pedro Enríquez Soto
Ampara juez Federal a exmagistrado debido a un grave error del Congreso del Estado.
Debido a la violación del principio de legalidad, porque aplicó una ley ya abrogada de responsabilidad de los servidores públicos, un juez Federal ampara a Pedro Enríquez Soto ex titular del poder judicial de Nayarit, vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento inexplicable.
En el razonamiento jurídico del juzgador Federal, se enuncia que se fundamentó el tipo penal específico en un artículo de una Ley que ya habría sido abrogada y que en su momento no fué actualizada por él legislativo estatal.
Es decir, qué para solicitar la vinculación a proceso del imputado se sirvieron de una Ley no actualizada, lo cual viola el principio de legalidad del procedimiento penal, por lo que el juez le otorgó el amparo al quejoso.
Esta situación implica qué para que se pueda juzgar al imputado, deberán primero actualizar la ley en comento y luego iniciar nuevamente el proceso, lo cual seguramente no pasará a corto plazo.
Sin embargo, el ya detenido e internado en el CEFERESO del Rincon, permanecerá ahí por los diversos que se le siguen, principalmente el que se refiere al fraude procesal relacionado al Infonavit, asunto que al parecer también se caerá.
Razones por las cuales un juez federsl otorgó amparo contra la vinculación a proceso a Pedro Enriquez Soto
Se creó uña sistema nacional anticorrupción a nivel constitucional y ello implicó también que se estableciera que la facultad de legislar en la materia, que incluye la de responsabilidades de servidores públicos, que ya es ya sólo facultad del congreso de la unión.
Se impuso por ello la obligación de armonizar todas las leyes que tengan alguna relación con el tema.
Materialmente la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos local fue derogada al entrar en vigor la norma general de la misma nomenclatura, pero en el estado no se realizó la acción legislativa pertinente.
El código penal en su artículo 255 que se refiere al enriquecimiento sigue refiriéndose a la norma local como el parámetro sobre el cual se determinan los delitos, la cual al ser una norma derogada no puede tener efectividad, lo correcto es que se reforme e indique cómo la norma referente la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Esto seguro tendrá implicaciones a otras personas que han sido acusados de tal delito, más tarde que temprano.
Lo que se ocupa es que el Congreso del Estado se ponga las pilas para realizar la reforma, para evitar problemas con los delitos que en el fururo puedan imputarse a otras personas y no generar impunidad.
Ccp Alba Cristal Espinoza, presidenta de la comisión de gobierno legislativo del Congreso de Nayarit.