ENTRE DECRETOS Y OCURRENCIAS

En este espacio quiero hablarles de dos que me han llamado la atención los últimos días.

Desde hace meses, el gobernador Navarro Quintero ha sostenido que no está de acuerdo con un espacio recreativo como la Feria de Nayarit. La tesis de Daniel Cosío Villegas planteada en su ensayo “El estilo personal de gobernar”, mismo que establecía que, para saber qué esperar de un gobierno basta con analizar la historia personal del gobernante. Sus fobias, sus frustraciones, sus cualidades, su historia familiar. El doctor Navarro es un hombre sano, juega futbol y hasta donde recuerdo, hace ejercicio de manera permanente.

Nunca lo he visto ingerir una bebida de alcohol y siente un profundo desdén por quienes lo hacen, al menos si los consumidores se desarrollan en el ámbito político. Por ello no es de extrañar que esta animadversión se convierta en política pública e impacte en una actividad como la Feria de Nayarit. La Feria, hay que decirlo, ha sido un gran negocio para los gobiernos en turno.

Más que las derramas económicas que pudieran generarse, ha sido un negocio para los grupos gobernantes, que aprovechan dicho espacio para hacer negocios que dejan millonarias ganancias, contando para ello con socios como el cantante Julión Álvarez y un grupo de empresarios formales y, digamos, algunos no tan apegados a la legalidad.

Yo sostengo que Gabriel Camarena es como el “pájaro muertero”, esa ave que, en la mitología rural de nuestro país se aparece en las comunidades cuando hay una muerte próxima. El pájaro, descrito por quienes juran haberlo visto, es negro y de graznidos tan escandalosos como tétricos. Sus apariciones siempre preceden un fallecimiento. Camarena Morales, si fuera ave, seguramente sería conocido como el “pájaro ratero”, pues donde se aparece, siempre, siempre, hay dinero de por medio. La Feria Nacional de Nayarit no es la excepción, desde luego. El 3 de enero del 2022, el primer decreto publicado en el Periódico Oficial del estado fue uno donde el Dr. Miguel Ángel Navarro otorgaba la administración de la feria a su superasesor jurídico, el multicitado Gabriel Camarena Morales.

En apenas dos páginas y sin justificación alguna, el mandatario designaba a Camarena director general del comité administrador de la feria nacional Tepic, según consta en dicho documento. Poco después, el gobernador decidió que ya no quería ferias para que no hubiera venta indiscriminada de alcohol y ese negocio quedó en el limbo. Considero que es de las pocas decisiones ejecutivas, si no es que la única, que padece tanto Camarena como los ciudadanos. Por lo regular, sólo hemos sido los ciudadanos quienes padecemos la influencia del polémico personaje.

En septiembre del año pasado, el gobernador reiteró su decisión de que no habría feria en Tepic por los argumentos previamente dados a conocer. En aquel momento, el enfrentamiento entre el ayuntamiento de Tepic y el gobernador generó como respuesta la oferta de que el gobierno de los Galván-Ponce promovería su propia feria en el mes de marzo.

Pasaron los meses y los acontecimientos. Llegaron los acuerdos y las reconsideraciones. Entre los Galván-Ponce y el gobernador se firmó no solo una tregua sino un pacto para llegar juntos hasta el 27 y eso cambió muchas cosas, incluida la decisión de realizar una feria en Tepic en los próximos meses. La parte central del acuerdo entre el doctor Navarro y los Galván-Ponce implica que el gobernador dejará de entorpecer el proyecto de la primera pareja municipal rumbo a la sucesión gubernamental a cambio de que le entreguen el ayuntamiento de Tepic a Elizabeth López Blanco, la consejera en materia educativa más cercana a los afectos del mandatario, también en funciones de poder tras el trono en SEPEN, en MORENA, en las UT, CECAN y en el Congreso del Estado, por mencionar solo algunas instituciones de las que se ha apoderado como si fuera un patrimonio personal. Creo que esta situación mucho tuvo qué ver en el repentino cambio de humor del mandatario respecto a la feria nacional Tepic, después de todo, una campaña cuesta mucho dinero y no la van a pagar de sus bolsillos, desde luego.

Esto adquiere sentido cuando se publica, el pasado 27 de enero el decreto número 016, donde entrega la organización, funcionamiento y administración de la Feria Nacional Nayarit 2025 a los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), institución de la que no importa quién sea su titular, en la presente administración, siempre será Elizabeth López Blanco quien controle hasta el más mínimo movimiento de una hoja. A ese propósito obedeció la declaración del gobernador de darle un “sentido cultural” a la feria, es decir, para permitir que fuera SEPEN quien se adueñara de dicha actividad. Y es que, me imagino que, cuando se es gobierno se pueden dar esa clase de lujos. Como sea, también recularon en eso. Cuatro días después de firmado ese decreto, es decir, el pasado 31 de enero, se publicó otro, este para entregar la organización y administración de la feria al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN). Se trata del decreto número 020. En resumen, amigas y amigos, habrá feria para los ciudadanos y al parecer, también habrá feria para la campaña de la Lic. Elizabeth López Blanco rumbo a Tepic en el 2027.

… Por cierto, en aras de mantener el pacto de civilidad, los Galván Ponce tardaron apenas un par de horas en suspender la iniciativa de su propia feria en Tepic y sumarse a los esfuerzos del gobernador en su “feria cultural”. Nadie podemos regatear el esfuerzo de ambas partes por mantener el acuerdo de impunidad y apoyo mutuo en el que ambas partes empeñaron su palabra hace semanas.

Otro decreto que ha causado bastante gracia es el número 021, publicado el pasado 4 de febrero y por el que se prohíbe la interpretación y/o reproducción de música que haga apología del delito o promueva la violencia en los eventos públicos. A ver, debo decir que la idea no me parece del todo mala, aunque sí ridícula por venir de donde viene. Para explicar mejor esto último, retomaré el punto de vista de dos amigos: el exdiputado Benito Madera y el abogado y músico nayarita, Héctor Manuel Bernal Rivera.

Sobre este tema, don Benito Madera ha sido promotor, desde hace un año, de que se establecieran políticas públicas que prohibieran la reproducción de música bélica que incentivara la cultura de la violencia y romantizara a los diferentes grupos criminales que operan en la entidad. Seguramente la propuesta de don Benito poco o nada tuvo qué ver para que se tomara dicha decisión, sin embargo, en lo que a mí respecta, don Benito Madera es el padre de dicho decreto por haber luchado por esa idea desde hace meses, con las modestas herramientas a su alcance.

Sobre el mismo sentido, pero con otro enfoque, mi buen amigo Héctor Manuel Bernal, que es un gran músico, cuestiona la justificación científica en la que pudo haberse basado dicha política pública. Argumenta el también abogado que muchos de los ladrones de cuello blanco escuchan otra clase de música diferente a la recientemente prohibida y creo que tiene razón. Haciendo un ejercicio de imaginación, no pude visualizar a Gabriel Camarena y a Javier Mercado, por ejemplo, vestidos con camisa a cuadros, botas y sombrero, con pechera cruzada o con cachucha con el escudo nacional y escuchando corridos tumbados en su coche o en alguna bocina portátil. Yo no pude, ojalá ustedes tengan mejor suerte que yo. Ambos puntos de vista me parecen muy interesantes.

Lo que yo creo es que esa medida, sin ser del todo mala, es absurda cuando lo que se tendría que estar haciendo es combatir al crimen. Me parece una falta de respecto cuando los ciudadanos, hoy sabemos que en la mayoría de los municipios, son los grupos delincuenciales locales quienes imponen a los titulares de las secretarías de seguridad y de las principales direcciones asociadas con recaudación. Que reciben protección en el estado y que pueden operar a sus anchas. Cuando eso ocurre, no importa si escuchan un corrido tumbado o la más romántica canción de Pablo Alborán, la impunidad se hace presente y los ciudadanos seguimos sufriendo las consecuencias de vivir en una entidad donde el poder público está sometido al criminal.

ESCENA POSTCRÉDITOS: Algo pasa en SEPEN. En mayo del 2019, ante el entonces titular del departamento de asuntos jurídicos y laborales de esa institución, se entregó una queja contra el maestro José Ángel Aguiar Lamas, adscrito en ese entonces a la escuela secundaria “Alí Chumacero”, en Bahía de Banderas. Algunos padres de familia de aquel municipio me hicieron llegar capturas de pantalla y testimonios que avalan el hecho de que el maestro, en chats de Facebook, pedía a alumnos varones de dicha institución, que le pasaran “el pack” de niñas, alumnas también en la misma escuela. Este tipo retribuía dichos archivos con calificaciones aprobatorias, según se puede leer en las conversaciones.

Al parecer, las pruebas y los testimonios de la supervisora de la zona, de los padres de familia y de los propios alumnos no ha valido de nada. Desde el 2019, al maestro no se le ha tocado ni con el pétalo de una flor. Sigue frente a las aulas, sigue teniendo contacto con niñas. En SEPEN no consideraron pertinente abrir una investigación. Cuestión de prioridades, tal vez desde entonces se preparaban para organizar una feria inolvidable. Hay que darles seguimiento a estos temas.